Desde el principio, la comunidad criptográfica nunca ha recibido el debido respeto de los bancos más tradicionales. Estos siempre se han estado escondiendo detrás de la legislación, principalmente del GAFI, para boicotear las fintech innovadoras que buscaban transformar y democratizar el sistema financiero.

La práctica, conocida como "reducción de riesgos", se caracteriza por la terminación o restricción de las relaciones comerciales con los clientes para evitar riesgos en lugar de gestionarlos. La eliminación del riesgo se basa en varias razones: preocupaciones sobre la rentabilidad, miedo a una crisis financiera mundial o riesgo reputacional.

El problema es que, muchas veces, al tratar de eliminar los riesgos del sistema que excluye el sector de la criptomoneda del sistema financiero, esto puede terminar generando aún más riesgos, porque si estas entidades y personas tienen el derecho de usar los canales de manera regulada, si hace que sea mucho más fácil rastrear e implementar medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es esencial asegurar que el estándar regulatorio global sea bien entendido e implementado, y que cada país y sus instituciones financieras reciban apoyo en proyectos que fomenten el objetivo de la inclusión financiera.

Otro punto importante es considerar la carrera tecnológica. Los países que insisten en permanecer completamente tradicionales, sacrificando la oportunidad de evolucionar, no acompañarán a aquellos países que inviertan en tecnologías destinadas al futuro financiero. El costo termina siendo pagado por toda la población, lo que perderá eficiencia, agilidad e inteligencia. Esto hace que la inclusión democrática de las fintechs sea aún más importante.

Actualmente, las recomendaciones del GAFI requieren que las instituciones financieras terminen las relaciones con los clientes donde los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no pueden mitigarse. Sin embargo, bloquear sectores completos de clientes no está de acuerdo con los estándares del GAFI.

La situación puede estar a punto de cambiar gracias a la 5ta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea, conocida popularmente como AMLD5. De acuerdo con la directiva, que entró en vigencia el 9 de julio de 2018, los proveedores de servicios de activos virtuales y activos virtuales ahora son reconocidos como "entidades obligadas", la misma designación que los bancos, procesadores de pagos y compañías de juegos. y apuestas. Esto significa que, siempre y cuando estas compañías puedan mostrar evidencia de cumplimiento con las regulaciones relevantes, deben ser tratadas de la misma manera que otras compañías.

Según AMLD5, los bancos y otras instituciones financieras deben gestionar el riesgo y no pueden simplemente rechazar los servicios porque una entidad pertenece a un sector específico, cada caso debe evaluarse individualmente.

La nueva regulación que vino con AMLD5 es un gran avance para todos, pero principalmente para las compañías de criptomonedas. No hay duda de que el sistema financiero en su conjunto se beneficiará de un entorno más competitivo y apto para evolucionar. Ahora es esencial que los fundadores y desarrolladores trabajen con los reguladores de la UE y otros países para establecer una cooperación a largo plazo que funcione para todos.